El PSOE en el poder y el opositor PP se pusieron de acuerdo para lograr esa reforma.
MADRID.- La Cámara de Diputados de España aprobó ayer por una mayoría aplastante de 316 a favor y cinco en contra una controvertida reforma de la Constitución, promovida por los partidos mayoritarios PSOE y PP, para limitar el déficit público.
El texto de la nueva Constitución incorpora como principio básico la obligación del Estado, las regiones y los municipios de garantizar la estabilidad presupuestaria y deja para una futura ley orgánica la fijación de un límite máximo al déficit público de un 0.4 por ciento del Producto Interno Bruto, que entrará en vigor en 2020.
El visto bueno de la Cámara baja se logró con los votos del Partido Socialista (PSOE), el conservador Partido Popular (PP) y la Unión del Pueblo Navarro (UPN). El proyecto de reforma constitucional será sometido el próximo miércoles a la votación del Senado, donde su aprobación también garantizada.
Esta ley afecta de manera importante a todos los niveles de gobierno de España, por lo cual es considerada por los partidos Nacionalistas (tales como el Catalán CiU y el Vasco PNP) como un instrumento de intervención en la autonomía de sus regiones, expresando su desacuerdo a través de protestas, ausencias y abstenciones. Dicha medida adoptada por el Estado Español, deriva de la actual crisis financiera que aqueja a varios de los países miembros de la Unión Europea, argumentando que se pondrá en marcha con la firme intención de mejorar la situación económica de España, lo cual ha sido cuestionado no sólo por los partidos de izquierda, sino también por los principales sindicatos y organizaciones sociales, a pesar de que los dirigentes han desmentido que dicha ley implicará recortes al gasto Social.
Esa injerencia sobre la autonomía de las regiones enarbolada como medida de prevención a lo que podría ser un crisis económica como la de Portugal o Grecia, es lo más relevante pues claramente impone restricciones al desempeño y gestión de los gobiernos locales, limitando gravemente su actuación y sentando un peligroso precedente de la vulneración de las autonomías españolas a nivel constitucional; por su parte, representantes de otros países miembros de la Unión Europea (por ejemplo, los jefes de estado de Alemania, Francia y Portugal) han respondido a esta iniciativa con elogios sugiriendo incluso que sea tomada como un modelo a seguir.
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